Manuel Paredes
En días pasados una Misión Internacional Independiente de investigación de las Naciones Unidas determinó en su informe que los organismos de inteligencia del régimen, tanto civiles como militares funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan desde los niveles más altos de la dictadura para reprimir la disidencia, con actos de tortura y violencia sexual.
Este informe viene a corroborar lo que continuamente se denuncia como lo es la persecución permanente de los sectores de oposición que se enfrentan a las políticas de entrega del país y de desafío a las políticas hambreadoras y neoliberales que mantiene el régimen, siendo la dictadura la responsable de las muertes y de las condiciones precarias de los venezolanos que huyen del país y que transitan, arriesgando sus vidas, por la selva de Darién y el Rio Bravo para llegar al norte.
Asimismo, se evidencia esta violación de los derechos humanos en la persecución y encarcelamiento de dirigentes sociales sin ninguna prueba como son las recientes detenciones de Alcides Bracho, profesor de educación media, artistas plástico y miembro del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez; de Reynaldo Cortés, dirigente social del Estado Guárico, miembro de la CTV de ese estado; Néstor Astudillo, ingeniero civil, dirigente social de Los Valles del Tuy en el Estado Miranda; Alonso Meléndez, ingeniero pesquero, dirigente de lo pescadores del Estado Falcón; Gabriel Blanco, dirigente de la Central ASI, dirigente a la vez de derechos humanos y Emilio Negrìn, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Tribunalicios, 4 de los primeros mencionados forman parte de la dirigencia del Partido Bandera Roja.
Esta razzia se realiza en medio de la lucha en contra del Instructivo ONAPRE, el cual es una estrategia del régimen, directamente de Nicolás Maduro, para desconocer los contratos colectivos y de paso negar las exigencias de los trabajadores de un salario acorde con lo que establece la Constitución en su artículo 91, como lo es que se corresponda el salario con el valor de la canasta alimentaria, además de contar con pensiones dignas para quienes están en situación de extrema necesidad como lo son los adultos mayores.
El otro aspecto que denuncia este informe es el caso del Arco Minero, aspecto que hemos denunciado como la entrega a las potencias imperialistas y que permiten la acción delictiva de los grupos armados como el ELN y otras mafias que hacen el trabajo de recolección del oro para negociarlo con esas potencias y que imponen un estado de terror de asesinatos y violaciones en este territorio, que la aplicación de la Ley de Zonas Económicas Especiales permite al establecer la ausencia de la aplicación de las leyes del trabajo, ambientales e indígenas en estos territorios.
Tímida ha sido la respuesta de la dirigencia opositora, en especial de la Plataforma Unitaria, quienes han centrado su política en su llamado, por cierto sin fecha, de las primarias y no se han pronunciado sobre estas violaciones de los derechos humanos y el informe de las Naciones Unidas, solo en su último comunicado hacen un llamado a acompañar las luchas sociales, pero no hay una exigencia sobre la libertad de los presos políticos ni la exigencia de aumento de salarios y de pensiones.
Sin embargo, diversas organizaciones han venido impulsando la lucha por la unidad de los diferentes sectores gremiales, sindicales y sociales, no exenta aun de muestras de sectarismo y protagonismo innecesario, por lo que es necesaria la construcción de una plataforma de lucha que siga incorporando a la población en la organización y movilización por sus derechos. De igual manera, se debe aprovechar este informe para la denuncia ante el mundo y lograr la solidaridad de los distintos movimientos democráticos, que aíslen aun más el régimen, que se establezcan relaciones con los organismos de derechos humanos que exijan a escala internacional la libertad de los presos políticos.
En general, lograr una amplia acción de todos los sectores del país en función de exigir el cese a la persecución a los dirigentes sociales, la libertad de los presos políticos, la conquista de los derechos laborales, aumento de los salarios y pensionados, todo ello enmarcado en la salida del régimen, instrumentando las diversas formas de luchas.
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