El Gobierno de Dina Boluarte en Perú ordenó desplegar este jueves más de 10.000 efectivos policiales para «resguardar» y «controlar» la llamada ‘Toma de Lima’, una marcha multitudinaria convocada por la ciudadanía y organizaciones sociales para exigir la renuncia de la mandataria y la convocatoria inmediata a elecciones generales.

El descontento generalizado contra el régimen de Boluarte, que mantiene al país en vilo y bajo una ola de protestas desde el pasado 7 de diciembre, cuando fue destituido y encarcelado el expresidente Pedro Castillo, ha radicalizado la crisis política e institucional en Perú, que tras más de un mes de manifestaciones contabiliza medio centenar de fallecidos por la fuerte represión de la fuerza pública.

La Policía Nacional de Perú detalló que los más de 10.000 uniformados prestarán «toda la seguridad en la marcha para mantener el orden interno y público del país». Además, informó que autoridades de la Fiscalía peruana han verificado «los implementos y el despliegue de los efectivos policiales» para la jornada.

La movilización multitudinaria que convocó a miles de manifestantes de los cuatro puntos cardinales del país, sobre todo del llamado «Perú profundo», ya empezó a movilizarse en la capital peruana. Personas de las provincias más lejanas a Lima y donde se han registrado los hechos represivos más brutales contra las protestas, hacen presencia desde principios de esta semana.

Por su parte, el Ministerio Público informó que «realizará acciones en distintos puntos de la capital, para prevenir la comisión de eventuales delitos y garantizar los derechos de los ciudadanos que participarán en movilizaciones».

Para ello, activaron 50 fiscales «en zonas estratégicas de Lima Metropolitana, para exhortar a los efectivos policiales a hacer uso proporcional de la fuerza durante las manifestaciones, e invocar a la ciudadanía a movilizarse de forma pacífica».