No basta el relato de sus familias, habrá que trabajar con muestra de ADN. La ceremonia de entrega de la nueva propuesta constitucional al presidente Boric arrancó con un minuto de silencio por la tragedia ocurrida en una toma de terrenos ilegal en el municipio de Coronel, en la región del Biobío

ROCÍO MONTES

Un incendio provocado por una estufa artesanal ha causado la muerte de 14 inmigrantes venezolanos en una barriada informal –una toma de terreno o campamento, como se les llama en Chile–, en la localidad de Coronel, en la región del Biobío, en el sur del país. Entre las víctimas, que habían llegado hace menos de dos meses a la comuna, se encuentran ocho niños, de entre tres y 10 años. La ministra del Interior del Gobierno de Gabriel Boric, Carolina Tohá, manifestó la “gran consternación” con que Chile recibe esta tragedia. “Nuestros pensamientos están con las familias y amigos de las víctimas, así como con los vecinos en general de esa ciudad”, aseguró Tohá, que anunció que el Ejecutivo ha decidido el viaje a la zona de una delegación de un grupo de subsecretarios –los segundos a bordos de los ministerios– para conocer en terreno lo ocurrido y coordinar las medidas y ayuda necesarias.

Esta mañana de martes, la ceremonia en que el Consejo Constitucional entregó el texto al presidente de la República arrancó en la sede del Congreso en Santiago de Chile con un minuto de silencio por las víctimas. La presidenta al órgano, la republicana Beatriz Hevia, comenzó su discurso con la tragedia de Coronel, producto de “una grave crisis social” en materia de vivienda. “Si queremos resultados distintos no podemos seguir haciendo lo mismo para enfrentar la pobreza extrema y el abandono. Es deber del Estado y del Gobierno actual, actuar ya”, aseguró la dirigente de la derecha conservadora ante Boric. El mandatario de izquierdas, en su turno, comenzó la intervención recordando que los 14 fallecidos eran “todos migrantes”, que la mayoría eran menores y animó a preguntarse –en discursos y acciones– cómo Chile trata a los extranjeros. Y qué dicen las propuestas de normas, en el texto constitucional, respecto de ellos. “La humanidad y el respeto a los derechos de todas las personas por el solo hecho de ser humanos es lo que nos debe inspirar”, dijo Boric.

El incendio fatal y de rápida propagación se produjo sobre las siete de la tarde del lunes en dos viviendas precarias del campamento informal Los Pirquenes, en el cerro Obligado del municipio de Coronel. Fue ocasionado por una estufa artesanal a leña que estaba en la única puerta de ingreso a las casas, con rejas en las ventanas. “Las personas se fueron hacia el fondo de la casa, quedando atrapadas”, aseguró el fiscal Hugo Cuevas, que tiene en sus manos la investigación del desastre.

El fuego se propagó rápidamente por el tipo de construcción, de madera y latas, por lo que los vecinos –que no escucharon ni gritos ni pedidos de auxilio– no pudieron hacer nada para controlarlo. Intentaron usar sus mangueras y tarros con agua, pero fue insuficiente. Es una zona sin calles ni grifos, lo que dificultó en extremo el trabajo de las cinco compañías de Bomberos que llegaron al lugar para apagar las llamas.

Las autoridades han precisado que será difícil la identificación, porque las víctimas estaban indocumentadas, por lo que se deberá trabajar con pruebas de ADN. “Tal vez el desafío inicial más importante que vamos a tener es la identificación de las personas, no basta el relato de sus familias”, ha dicho esta mañana de martes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre la tragedia que afectó a tres grupos familiares diferentes. “Esto va a ser un desafío para los peritos, tanto de la Policía de Investigaciones como del Servicio Médico Legal”.

El Ministerio de Vivienda mantiene un catastro de este campamento informal, donde viven 179 familias, aunque posiblemente el número de habitantes habría aumentado en los últimos meses.

La profunda crisis habitacional que atraviesa Chile empuja a unas 150 personas todos los días a instalarse en asentamientos irregulares. Casi 114.000 hogares –un tercio de ellos migrantes– habitan sitios con alcantarillado deficitario y acceso informal a agua potable y electricidad, cuatro veces más que en 2011. Lo hacen empujados por la necesidad de independencia en el caso de quienes viven de sus allegados, por el alto coste de los alquileres o por los bajos ingresos económicos. La cifra, publicada en marzo por el centro de estudios de Techo Chile, una organización dedicaba al problema de la vivienda, es la más alta desde que la fundación comenzó el registro a comienzos del milenio. Y es un 39,5% mayor que en el periodo anterior (2020-2021).

“La crisis de vivienda en Chile es como un terremoto”, dijo en marzo a EL PAIS Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, una organización orientada a acabar con la falta de viviendas. El sociólogo sostiene que la demanda social por casas y departamentos supera el 1,2 millón de hogares en un país con 19 millones de habitantes.