Yalilé Loaiza

Desde la noche del 8 de enero en Ecuador se vive un escenario de guerra. Tras la fuga del líder de una banda criminal informada el último domingo y luego de varios motines en las cárceles que iniciaron la mañana del lunes, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción y desde entonces, pese a las disposiciones gubernamentales, durante 24 horas continuas se han registrado al menos 40 hechos violentos en todo el país.

Coches bomba, el secuestro de policías en las calles, la retención forzosa de los guías penitenciarios, las amenazas desde las cárceles, la fuga de otro criminal de alta peligrosidad y la incursión terrorista en un medio de comunicación televisado son algunos de los sucesos que llevaron a que Noboa dispusiera a las Fuerzas Armadas la ejecución de operaciones militares al existir un conflicto armado interno.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo, en un mensaje a la nación aseguró que los miembros de estas bandas “han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará”. Por ello, informó que: “A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto, se ha convertido en un objetivo militar”.

En el centro histórico, donde se ubica el Palacio de Carondelet, sede del gobierno nacional, las autoridades evacuaban a los funcionarios de la Presidencia y de otras instituciones públicas. A la par, Noboa y las autoridades del Consejo de Seguridad del Estado se reunieron para analizar las acciones que permitan recuperar el control al Estado.

Mientras tanto, en Guayaquil los actos violentos no cesaban. La jornada dejó al menos diez muertos, entre ellos dos policías.

Los resultados de las fuerzas del orden

La Policía de Ecuador logró la detención de 14 personas sospechosas de participar en los actos de violencia en Guayaquil. Por su parte, la Fiscalía ecuatoriana anunció que procesará a trece personas por el delito de terrorismo por la incursión armada en TC Televisión.

Asimismo, los guías penitenciarios continúan como rehenes de los presos de cinco penales. Las autoridades no han informado el estado de estos agentes carcelarios ni cuántos han sido retenidos. Extraoficialmente se conoce que alrededor de cien guías fueron secuestrados dentro de las cárceles.

Policías detienen hoy a un presunto delincuente a pocas cuadras de la sede del canal de televisión TC, donde encapuchados armados ingresaron y sometieron a su personal durante una transmisión en vivo, en Guayaquil (Ecuador). EFE/Mauricio Torres

En Esmeraldas, al norte del país, donde se registraron coches bomba y auto incinerados, la Policía logró capturar a 12 personas. También en Napo, en la Amazonía, se detuvo a dos sospechosos de incendiar un camión. Otras detenciones sucedieron en Quito y en más ciudades del país. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia aseguró que este 10 de enero se emitirá un informe completo sobre los hechos suscitados en la nación.

Muestras de apoyo y reacciones

El gobierno de Estados Unidos expresó su “extrema preocupación” por la violencia en Ecuador y ofreció su apoyo al gobierno de Noboa. Lo propio hicieron Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, que condenaron las acciones del crimen organizado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en X (antes Twitter) y condenó los acontecimientos registrados en la nación. Además informó que sus miembros monitorean la situación de los derechos humanos luego del Estado de Excepción ordenado por el presidente Daniel Noboa.

Las Fuerzas Armadas deberán ejecutar acciones militares para recuperar el control en el país. (REUTERS/Karen Toro)

A través de un comunicado, más de 300 periodistas de Ecuador y Latinoamérica rechazaron la toma violenta del canal TC Televisión, en Guayaquil. Los periodistas aseguraron que la incursión de los criminales en el medio de comunicación “es una muestra más de cómo el crimen organizado apunta a la prensa como uno de sus blancos” y recordaron que en el país no hay garantías para el ejercicio periodístico: “Lo ocurrido en TC Televisión es la imagen más dolorosa de lo que vive actualmente la prensa ecuatoriana, que ha enfrentado el auge de la violencia criminal durante los últimos años sin la mínima participación del Estado para cumplir su responsabilidad de proteger su ejercicio”.