Claudio Fermín
Para 1897 estaba de candidato a la presidencia el general Ignacio Andrade. Su más promovido competidor era el general José Manuel Hernández, conocido como “el mocho” Hernández. Siendo Andrade candidato del caudillo Joaquín Crespo, presidente en ejercicio, y representando Hernández la más enconada oposición, muy por encima de Rojas Paúl y del propio Guzmán Blanco, con su lema de “la moralidad política, la moralidad administrativa y la moralidad social” había captado la atención mayoritaria y llevado la conflictividad política a sus más candentes y amenazantes expresiones.
En septiembre gana las elecciones Andrade. Los más diversos sectores del país protestan el escandaloso fraude electoral al que el blindado poder de Joaquín Crespo no prestó atención alguna tratando con desaire y burla tales denuncias. Los precios del café en el mercado internacional se habían ido al piso. Los endeudamientos del gobierno de Crespo tenían al país comprometido y los acreedores presionaban poniendo a Venezuela contra la pared. El nuevo gobierno no encontraba manera de honrar esas deudas y estaba cada vez más aislado internacionalmente. Andrade tampoco daba respuestas a las demandas internas de distintos sectores. Cundía el descontento. Las tensiones internas crecían aceleradamente. El gobierno atacaba y presionaba a sus oponentes, pero se hundía en el desprestigio de su origen fraudulento y en el deterioro de la situación económica nacional. El mocho Hernández tampoco cedía. Andaba en su misión de salvador de la patria. Cada uno atendía a sus seguidores, deseosos de mayor confrontación. Cada uno ofrecía exterminar al otro. El mundo empezaba y terminaba para ellos en sus diferencias.
En febrero de 1898, la misma semana de la toma de posesión de Andrade, se produce el levantamiento de Queipa, que da inicio a cinco meses de acciones bélicas en otra de las incontables guerras civiles de nuestro adolorido siglo XIX. El mocho Hernández estaba en armas en protesta del fraude electoral. El 16 de abril de 1898, en la batalla de La Mata Carmelera, encuentra la muerte el general Joaquín Crespo, que había salido a enfrentar a los alzados y que era el líder indiscutible del ejército, lo que deja a oficiales y tropa en desconcierto absoluto. La inestabilidad política tocaba fondo con este suceso.
En medio de ese cuadro de desmoronamiento de Andrade, el año siguiente se desarrolla la operación político-militar al mando del general Cipriano Castro conocida como la invasión de los andinos, la Revolución Liberal Restauradora que arranca el 23 de mayo y llega victoriosa a Caracas el 23 de octubre de 1899.
Mientras Joaquín Crespo cocinaba la candidatura de Ignacio Andrade, buscando sucesor incondicional, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América y Rusia se entendían en base al Tratado de Washington del 2 de febrero de 1897 para integrar un tribunal conformado por dos árbitros ingleses, dos norteamericanos y uno ruso que fraguaron una componenda contra Venezuela mientras los pendencieros generales y políticos venezolanos se deleitaban en sus careos y enemistades, en la intensa y novedosa campaña electoral, en la nueva “revolución” de los andinos, mientras los ingleses, estadounidenses y el ruso concluían el 3 de octubre de 1899 el infame Laudo Arbitral de París que le regalaba a Gran Bretaña el territorio Esequibo del que nunca había tenido título alguno ni habían poseído.
Nos fueron arrebatados 160.000 kilómetros cuadrados por abusos y actos delictivos de potencias que actuaron bajo la indiferencia de un pequeño país distraído en sus guerritas parroquiales por el poder y por la opinión pública de aquellos tiempos, pretenciosamente ocupada de lo que creía importante y urgente.
La historia está a punto de repetirse. Guyana desconoce el Acuerdo de Ginebra al pretender que la Corte Internacional de Justicia refrende el Laudo Arbitral de 1899, cuyo cuestionamiento es lo que origina el mandato de Ginebra en 1966 para que Venezuela y Guyana lleguen a un acuerdo sobre sus fronteras. Y si deben llegar a ese acuerdo es porque los límites establecidos en el Laudo de París son inválidos.
Esa Corte Internacional de Justicia se declaró competente el 6 de abril de 2022 para conocer de la solicitud de Guyana de marzo de 2018. Y en junio de ese mismo año 2022 Venezuela protestó alegando excepciones a la admisibilidad de la demanda, llamadas excepciones preliminares, las cuales fueron desestimadas por la Corte, lo que no hace sino confirmar los argumentos que tiene Venezuela en contra de la Corte como instancia para resolver el diferendo. El camino convenido por Guyana y Venezuela está claro en el Acuerdo de Ginebra de 1966: buscar el entendimiento entre las partes y ese es nuestro mejor argumento ante esa Corte.
El mundo debe saber que el Acuerdo de Ginebra no sólo es un documento vigente, sino el sentimiento más profundo de todo un pueblo que sigue denunciando el robo del cual fue objeto por unos jueces corruptos en 1899. Este asunto no admite dilación ni puede ser colocado en segundo plano con relación a otros importantes temas del debate nacional.
El gobierno está en el deber patriótico de convocar a todos los sectores del país en la defensa de nuestra integridad territorial. Todas las aproximaciones e intentos de reconciliación deben ser agotados para crear un clima propicio para una gran coincidencia nacional. El país todo debe hacerse presente en el referendo del próximo 3 de diciembre para levantar la voz en defensa de lo nuestro.
Lo que está en juego no es una evaluación del gobierno ni de su política exterior. Ya habrá tiempo y vendrá el momento de establecer esas responsabilidades. Ese referendo no es un plebiscito a favor o en contra del gobierno de Venezuela. Es una renovada protesta contra un despojo territorial y la ratificación de la vigencia del Acuerdo de Ginebra. Es una reafirmación de nuestros títulos y derechos sobre el territorio Esequibo.
No se es más opositor a las políticas económicas del gobierno ni a sus ejecutorias en varias áreas por llamar a no participar en el referendo del próximo 3 de diciembre. Quienes así actúen se oponen al interés nacional, no al PSUV o al gobierno de Maduro. Quienes eso aconsejen están impulsados por un interés político a destiempo. Tenemos derecho a expresar nuestra protesta y disconformidad, pero cuando venga ese momento, cuando vengan las elecciones nacionales el próximo año, no ahora cuando todos, sin distingos, debemos levantar la voz por Venezuela.
No confundamos el interés nacional de defender nuestro territorio con el necesario debate de todos los días, con la diferenciación político – partidista, con el derecho a protestar errores y abusos del gobierno y con el derecho a promover el cambio político. No pongamos el interés nacional en la cola. Ya eso les pasó a las generaciones de Joaquín Crespo, Ignacio Andrade, el mocho Hernández, Cipriano Castro. Ellos creyeron que sus diferencias eran más importantes que nuestro territorio y ya sabemos el precio que estamos pagando.
Salgamos a votar en el referendo del 3 de diciembre. ¡Es por Venezuela!
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