Rafa Mir se llevará la multa económica más elevada que recuerdan en el Valencia tras la apertura de expediente que se le comunicó este lunes. El futbolista, en libertad provisional acusado por agresión sexual, se expone a una sanción que, dependiendo de la gravedad que concluya el expediente, supondrá un porcentaje de su salario según unas tablas que recoge el convenio colectivo firmado por la Liga y la AFE en 2015.

En el caso del jugador del Valencia y, sin descartar, aunque ya parece improbable, la suspensión de empleo y sueldo entre 11 y 30 días, la sanción puede acabar en una cantidad que puede superar el 25% del salario de un mes (que se calcula de prorratear la ficha anual entre 12 meses). En caso de que esta cantidad supere los 100.000 euros, como es el caso, habría que añadir un nuevo tramo porcentual -hasta un máximo de un 10%- de la parte que supere esos 100.000 euros.

Desde el club de Mestalla, una vez hicieron las consultas pertinentes, descartaron el despido del futbolista, aunque es una de las opciones que aparecen entre las faltas muy graves en el citado convenio, al considerar que suponía emitir un juicio previo al proceso penal que quedó abierto la semana pasada.

Fuentes del club blanquinegro niegan que hayan solicitado -ni que hayan tenido acceso- al auto de la jueza para valorar los hechos y el comportamiento del delantero. Además, las mismas fuentes sostienen que el principal accionista, Peter Lim, ha estado al margen de la decisión porque no se le ha contactado para ello. Los ejecutivos locales del Valencia tomaron la decisión y la compartieron con el consejo de administración que validó esta decisión.

Desde el punto de vista deportivo, las mismas fuentes indican que Rubén Baraja tiene libertad para decidir lo que estime oportuno con el jugador desde el punto de vista técnico. De hecho, ya le ha comunicado que estará una semana apartado del grupo y dos partidos, como mínimo, fuera de la convocatoria. Si el entrenador decide prolongar este período por razones deportivas, no habrá injerencias, pero nunca se consideró ‘apartar’ al futbolista para evitar la denuncia por vulnerar el derecho a la ocupación efectiva.