Manuel Paredes
Es una verdad de perogrullo decir que en Venezuela no existe un estado de derecho ni respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el régimen se encarga cada día de hacérnoslo recordar constantemente con sus desafueros, su persecución y represión hacia toda la sociedad, pero en especial a quienes luchan por sus derechos, implantando el terror y la desmoralización en la población venezolana.
La sentencia de 16 años de prisión a los luchadores sociales el 1ro de agosto es una muestra de ello, de manera, que es evidente que el poder judicial forma parte del aparato represivo, es una de las patas esenciales del
estado que bajo un ropaje socialista, persigue y condena a 6 dirigentes sindicales y sociales, 4 de ellos militantes del Partido Bandera Roja, cobrándoseles el haber desenmascarado a este régimen que responde a un modelo neoliberal que destruye el salario y las pensiones mientras sus funcionarios nadan en grandes fortunas amasadas bajo la corrupción y el saqueo.
El aparato judicial en Venezuela, en los tiempos judiciales y sus procedimientos realiza una justicia lenta e injusta, estableciendo en un año de las detenciones de estos 6 dirigentes un diferimiento continuo ante la falta de
presentación de pruebas acusatorias y finalmente sin contar con ninguna -toda vez que quien realizó la denuncia contra los 6 luchadores no apareció- se emite una sentencia condenatoria por parte de la Juez del Tribunal 2º de
terrorismo, Grendy Duque, a 16 años, violando distintos acuerdos de derechos humanos como el convenio 187 de libertad sindical de la OIT.
Es importante destacar que Alcides Bracho, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, militantes de Bandera Roja y dirigentes sociales, en conjunto con Emilio Negrin y Gabriel Blanco, mantienen su moral en alto,
han enviado mensajes expresando su postura irreductible frente a esta infame sentencia, de igual manera sus familiares y compañeros han permanecido en pie de lucha en esta persecución que realizan sus verdugos.
Estos luchadores sociales han recibido la solidaridad de los distintos sindicatos, federaciones, gremios, organizaciones de derechos humanos, de los partidos políticos y de los precandidatos a las primarias. De igual manera se han manifestado organismos internacionales como la OEA a través de su Secretario General Luis Almagro.
Es importante que de esta persecución no escapa nadie, por esta razón se ha establecido una investigación de la CPI. La cual se centra en crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela al menos desde 2017, incluyendo
privación de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como persecución por motivos políticos.
De igual manera, la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU ha emitido informes condenatorios sobre la violación de estos derechos, mientras el régimen permanece retador frente a estos documentos e informes. De allí que no se puede ser indiferente frente a este atropello, es necesaria la unidad de todos los venezolanos que aspiramos a un cambio, es preciso salir a la calle a demostrar nuestro rechazo a esta sentencia y demandar la libertad de los 6 luchadores sociales y de todos los presos políticos porque son inocentes de lo que se les imputa. Porque de lo contrario, si no se enfrenta, cualquiera que piense distinto tiene asegurado un juicio y se la atribuirá cualquier delito sin la necesidad de existir pruebas que lo ameriten.
Hoy es necesario mantener la esperanza de lograr salir de esta situación con la lucha en la calle y mantener en alto las banderas por un salario digno, por unas pensiones de vida, por el respeto a los derechos democráticos y con un programa que logre unificar a todos los sectores exigiendo la libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados, condiciones electorales competitivas y respeto por los derechos humanos.
Es necesario el pronunciamiento en estos momentos de todos los sindicatos, federaciones, gremios y organismos de derechos humanos en movilización permanente y oficiando estas denuncias ante los organismos internacionales, que su acción les represente un alto costo político.
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