Determinó Inspectoría del Trabajo Falcón. Confían en que se hará cumplir la decisión de los organismos competentes y les repongan salarios caído
Luis Carlucho Martín
Trabajadores del Casino Baywtach Morrocoy C.A. de Tucacas, estado Falcón, denuncian flagrantes atropellos contra sus derechos básicos y demandan pronto reenganche, restitución de salarios caídos y otros beneficios económicos, así como respeto a las funciones inherentes a sus cargos de acuerdo con la contratación originaria que data desde la fundación de la empresa en agosto de 2022.
Así lo dio a conocer uno de los afectados, el ciudadano Helímenes Enrique Martínez Jiménez, quien asegura que a su justo reclamo se unen las causas de dos compañeros que prefieren mantenerse en anonimato hasta tanto culminen sus procesos administrativos ante la Inspectoría del Trabajo de esa entidad federal.
Además, agrega el denunciante que, “desde sus inicios, esta empresa ha cometido un sinnúmero de atropellos contra sus trabajadores, con despidos injustificados y reubicación o cambios de funciones sin previo aviso, con lo cual violan todos los derechos laborales porque desmejoran sus condiciones e incluso arriesgan su salud. Pero la gente no denuncia por miedo o por desconfianza ante los organismos correspondientes”.
El caso que presenta Martínez Jiménez, refiere un despido injustificado –a todas luces ilegal porque existe un decreto de inamovilidad laboral– notificado verbalmente el 1º de diciembre de 2023, que luego de ser analizado por la Subinspectoría del Trabajo de Tucacas y reafirmado por la Inspectoría principal de Coro, capital falconiana, se decidió como medida conciliatoria el reenganche suyo y de sus dos compañeros; no obstante, Casino Baywatch acató a medias porque ordenó el reenganche pero con condiciones inadecuadas y atentatorias contra la salud de los trabajadores y en funciones distintas a las que originalmente ofrecía el contrato original.
Cuando Casino Baywatch C.A., abrió sus puertas al público, contó con los servicios de Helímenes Martínez, quien se desempeñaba en el cargo de “Dealer Inspector”, con doble función de supervisor y empleado del área de juegos en las mesas del casino, con un salario total de 400 dólares mensuales. Así sucedió hasta que el departamento de Recursos Humanos de la mencionada empresa notificó en la fecha precitada lo que él injustificado despido de manera verbal y sin liquidación alguna por el tiempo laborado.
En términos legales
La Inspectoría del Trabajo en Coro delega el caso en la inspectoría ejecutora, instancia que acompaña a los denunciantes al área laboral de Casino Baywatch Tucacas C.A., para informar acerca de la medida conciliatoria consistente en el reenganche y la reposición de salarios caídos y otros beneficios; no obstante, la empresa adujo varios argumentos para no recibir a los trabajadores.
Acto seguido, amparados en los recursos que provee la propia Ley, acudieron acompañados de una delegación de la Guardia Nacional Bolivariana. Solo así la empresa se comprometió a cumplir con lo exigido por la Inspectoría, pero entraron en desacato porque reubicaron a los agraviados en sitios no aptos para laborar –en condiciones totalmente desfavorables– lo cual es atentatorio incluso contra la salud de los trabajadores. Todo ello consta en actas que están incluidas en el extenso expediente.
Por ello, desde la Inspectoría del Trabajo, se instruye un “acto supervisorio” con fecha 6 de noviembre de 2024. Nuevamente entra en acción el departamento de Recursos Humanos de la empresa. “Manifestaron no poder atendernos mientras que, por parte de la Consultoría Jurídica, además de recibir amedrentamiento, nos ordenaron solicitar audiencia para poder reunirnos a dirimir lo ordenado por parte de las instancias oficiales”, aseguró el ciudadano Helímenes Martínez.
Ante esta realidad, “estamos a la espera de que se haga justicia y sabemos que así será porque estamos en un estado de derecho y los organismos legales ya sentenciaron a nuestro favor”, agregó el denunciante.
El problema, según Martínez, es que, mientras Casino Baywtach Tucacas C.A., asume sus obligaciones de acuerdo con lo ordenado por la Inspectoría del Trabajo, los trabajadores siguen en minusvalía porque permanecen sin percibir los salarios caídos ni otros beneficios que por Ley les corresponden. ¿Quién tiene la última palabra?
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