La reciente puesta en marcha de la llamada «Revolución Judicial», anunciada de manera conjunta por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha marcado un momento crucial para revisar la crisis penitenciaria nacional.

Esta iniciativa busca atender una deuda acumulada: detenidos sin sentencia, personas con condena cumplida y casos viciados que han convertido al sistema penal en una herramienta de control político, y no en un garante de justicia.

Para este acompañamiento, se desplegó una comisión especial de la Asamblea Nacional. En el estado Zulia, este despliegue ha contado con la presencia de los diputados Nora Bracho, Pablo Pérez, Joel Cedeño, Edward Weir y Willy Medina.