A lo largo de los años de ejercicio periodístico en nuestra amada Venezuela, he sido testigo de innumerables expresiones ciudadanas legítimas. Sin embargo, hoy asistimos a un fenómeno preocupante que merece un análisis riguroso y sin tapujos: la aparición de las llamadas «neoprotestas».
Bajo la excusa superficial de exigir el cese del racionamiento eléctrico, las consignas iniciales se desvanecen rápidamente para dar paso a la ya trillada proclama de «elecciones ya». Estamos ante actos de profunda incoherencia, marcados por una clara carga politiquera y carentes de argumentos sólidos para construir soluciones reales.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 68, consagra el derecho a la protesta, pero establece una condición inquebrantable: debe ser de manera pacífica y sin armas. Lamentablemente, estas acciones violentan flagrantemente el derecho de los ciudadanos al libre tránsito. Cuando se recurre a la quema de neumáticos, la protesta deja de ser pacífica; dichos elementos actúan de facto como artefactos peligrosos capaces de causar lesiones o muertes, afectando además gravemente la salud pública con sus emanaciones tóxicas y destruyendo el patrimonio vial de la nación.
La protesta democrática y constructiva jamás puede basarse en la destrucción de bienes públicos o privados, ni mucho menos convertirse en un ancla que frene los avances y la recuperación económica y social que el país tanto necesita. ¿Quién responde por los daños cuantificados causados a nuestra infraestructura?
Todo apunta a que estas movilizaciones responden exclusivamente a intereses mezquinos de sectores desesperados ante su propio desgaste político, que apuestan por la vieja receta del caos destructivo.
Hago un llamado a la conciencia ciudadana: no permitamos que arrastren a nuestras familias hacia una estrategia tan ruin y perjudicial. Venezuela nos necesita a todos trabajando, produciendo y apostando por la paz y el desarrollo nacional.
