Informar y estar informado no constituyen bajo ningún concepto concesiones del poder, sino derechos humanos fundamentales que sostienen la arquitectura institucional y la convivencia en cualquier sociedad democrática. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 57 establece de manera inequívoca el derecho de todos los ciudadanos a expresar sus pensamientos, ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. A su vez, el artículo 58 garantiza el derecho a una información oportuna, veraz e imparcial, libre de censura previa. En el centro de estas garantías constitucionales descansa una figura insustituible: el ejercicio libre, ético y seguro del periodismo.
La labor periodística cumple un rol social de vital importancia que trasciende con creces la simple transmisión de datos o la cobertura superficial de los acontecimientos. Su misión fundamental consiste en fiscalizar la gestión pública, actuar como un puente de visibilidad para las necesidades más apremiantes de las comunidades y ofrecer un foro transparente, plural y riguroso para el debate constructivo de las ideas. Cuando la cobertura informativa se ve entorpecida por restricciones sistemáticas en el acceso a las fuentes institucionales, procesos de judicialización o el temor latente a retaliaciones, las consecuencias impactan de forma directa y nociva en el tejido social.
En este escenario, las restricciones al comunicador no representan únicamente una vulneración flagrante a su ejercicio profesional, sino que privan de manera directa a la ciudadanía de su derecho inalienable a conocer la realidad sin filtros interesados o narrativas parcializadas. Una sociedad desinformada pierde de forma paulatina su capacidad de fiscalización, debilitando el contrapeso necesario que toda democracia exige entre los poderes públicos y los ciudadanos.
Ningún proceso genuino de fortalecimiento institucional, rescate de la confianza pública o reconstrucción democrática resulta viable en un entorno donde escasea el pluralismo informativo. Un ecosistema de medios libre, independiente, descentralizado y plural es la condición indispensable para garantizar la salud de la república. El ejercicio de la prensa debe transitar exento de bloqueos digitales, presiones económicas o intimidaciones de cualquier índole que busquen silenciar la fiscalización ciudadana.
Es imperativo social e institucional garantizar que decir la verdad, indagar en los asuntos de interés público y contrastar rigurosamente los hechos sean concebidos por el Estado y la sociedad como un aporte invaluable al bienestar común, y jamás como un riesgo personal o profesional para el comunicador. La tolerancia a la crítica y el respeto al periodismo de investigación son medidores directos de la madurez democrática de un país.
Por todo ello, defender irrestrictamente la libertad de expresión, el libre flujo de ideas y la seguridad integral de los profesionales de la comunicación es, en última instancia, defender el derecho supremo de todo el pueblo venezolano a vivir plenamente informado, dotado de capacidad crítica y criterio propio frente a los asuntos que definen su destino colectivo.
En definitiva, proteger las garantías constitucionales de la comunicación y respaldar el trabajo ético del gremio periodístico representa la única vía verdaderamente sostenible para consolidar la transparencia en la administración pública, la justicia social y el futuro institucional de la nación.
El Pepazo
