El Gobierno presentó una estrategia nacional que contempla formar a 10.000 personas, impulsar 300 proyectos de investigación y crear infraestructura tecnológica. El documento establece objetivos, pero todavía deja interrogantes sobre presupuesto, ejecución y regulación.
Por Redacción El Pepazo
Maracaibo, 5 de noviembre de 2026
Venezuela dio a conocer su Plan Nacional de Inteligencia Artificial 2025-2031, una hoja de ruta con la que el Gobierno busca ampliar el desarrollo y la utilización de esta tecnología en instituciones públicas, universidades, empresas y sectores estratégicos de la economía.
La iniciativa fue presentada el 27 de octubre de 2026 por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), encabezado por Yván Gil.
El documento propone formar talento especializado, desarrollar infraestructura propia, promover investigaciones y establecer mecanismos para el uso ético de la inteligencia artificial.
Entre sus metas destacan la capacitación de 10.000 personas, el otorgamiento de 1.500 becas y el financiamiento de 300 proyectos de investigación.
Sin embargo, la estrategia también plantea interrogantes sobre su ejecución: el documento difundido no especifica los recursos financieros necesarios ni presenta un cronograma presupuestario detallado para materializar sus principales proyectos.
Cinco ejes para desarrollar inteligencia artificial en Venezuela
El plan organiza sus propuestas alrededor de cinco áreas fundamentales.
La primera corresponde a la formación de talento humano, con programas educativos dirigidos a estudiantes, profesionales, investigadores y funcionarios públicos.
La segunda se concentra en la gobernanza de datos, considerada esencial para garantizar que la información utilizada por los sistemas de inteligencia artificial sea gestionada bajo criterios de seguridad y protección de derechos.
El tercer eje contempla infraestructura tecnológica avanzada, incluida la creación de un centro público de cómputo.
La cuarta línea busca fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación mediante proyectos aplicados.
Finalmente, el documento propone alianzas internacionales para intercambiar conocimientos, desarrollar capacidades y promover cooperación tecnológica.
La estrategia se presenta como parte de una política de soberanía tecnológica, concepto utilizado por las autoridades para describir el objetivo de reducir dependencias externas y fortalecer las capacidades nacionales.
Formación de 10.000 personas y 1.500 becas
Uno de los componentes más concretos del programa es la capacitación.
El documento establece como meta formar a 10.000 personas mediante un programa de inteligencia artificial dividido en niveles básico, intermedio y avanzado.
Los contenidos previstos incluyen programación, estadística, ciencia de datos, aprendizaje automático y aprendizaje profundo.
También se contemplan actividades educativas para niños, jóvenes y adultos, así como formación especializada para trabajadores de la administración pública.
El plan incorpora la meta de otorgar 1.500 becas y formar a 2.000 especialistas mediante mecanismos de cooperación internacional.
Estas cifras representan objetivos establecidos en la estrategia y no deben interpretarse como personas que ya completaron los programas o becas efectivamente entregadas.
Hasta el 5 de noviembre no se había identificado un balance público consolidado que permitiera verificar el avance individual de cada una de estas metas.
Universidades y semilleros científicos tendrán un papel central
La propuesta asigna responsabilidades a instituciones educativas y programas de formación científica.
Entre ellas figura la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán, que desarrolla ofertas académicas vinculadas con Ciencia de Datos e Ingeniería en Inteligencia Artificial.
También se contempla la participación del Programa Nacional Semilleros Científicos, orientado a fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas.
La formación universitaria constituye una pieza importante porque los proyectos de inteligencia artificial requieren profesionales capaces de diseñar, entrenar, evaluar y mantener sistemas tecnológicos.
No basta con disponer de aplicaciones informáticas: también se necesitan conocimientos especializados, infraestructura y equipos multidisciplinarios.
El desafío será traducir los objetivos educativos en programas accesibles, docentes preparados, recursos de laboratorio y oportunidades reales de investigación.
Un centro de cómputo para desarrollar inteligencia artificial
Otra de las propuestas relevantes es la creación de un Centro de Cómputo de Alto Rendimiento para Inteligencia Artificial.
La instalación permitiría disponer de recursos de procesamiento para entrenar y ejecutar modelos, analizar grandes volúmenes de información y desarrollar investigaciones.
Según las metas del plan, el centro ofrecería servicios a 2.000 usuarios de universidades e instituciones científicas y a otros 2.000 vinculados con emprendimientos y empresas privadas.
El proyecto contempla utilizar tecnologías de software libre.
Sin embargo, un centro de estas características necesita inversión en servidores, procesadores especializados, almacenamiento, redes de alta velocidad y sistemas de refrigeración.
También requiere un suministro eléctrico estable, mantenimiento y personal técnico capacitado.
El documento reconoce la necesidad de estudiar el consumo de energía y agua asociado con esta infraestructura.
Hasta ahora no se ha confirmado públicamente el presupuesto de construcción, la ubicación definitiva ni una fecha de entrada en operaciones.
Una Plataforma Nacional de Datos Abiertos
El plan también contempla desarrollar una Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
Su finalidad sería facilitar el acceso a conjuntos de información que puedan utilizarse en investigaciones, aplicaciones tecnológicas y proyectos de innovación.
Los datos constituyen un recurso fundamental para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.
Sin información suficiente, organizada y confiable, los modelos pueden producir resultados incompletos o poco representativos.
Sin embargo, la apertura de datos también plantea obligaciones relacionadas con la privacidad y la seguridad.
Por ello, será importante conocer cuáles conjuntos de datos estarán disponibles, quiénes podrán utilizarlos y qué mecanismos impedirán la exposición indebida de información personal.
La existencia de una plataforma pública tampoco garantiza automáticamente la calidad o actualización de sus contenidos.
Su utilidad dependerá de las reglas de acceso, los estándares técnicos y el mantenimiento de los registros.
Proponen un instituto nacional para regular la inteligencia artificial
Una de las iniciativas institucionales más importantes es la creación del Instituto Nacional de Inteligencia Artificial y Tecnologías de Información y Comunicación.
El organismo está concebido como un centro de excelencia y una instancia encargada de promover buenas prácticas, prevenir riesgos y coordinar acciones relacionadas con esta tecnología.
Entre las funciones propuestas figuran actividades de normalización, supervisión y fiscalización.
Sin embargo, su puesta en marcha está vinculada con el proyecto de Ley para el Desarrollo y Uso Ético de la Inteligencia Artificial.
La Asamblea Nacional aprobó esa propuesta legislativa en primera discusión el 19 de noviembre de 2024.
Hasta el 5 de noviembre de 2026, la información pública examinada no permitió confirmar su sanción definitiva.
Por tanto, no corresponde presentar al futuro instituto como un organismo regulador plenamente constituido y operativo.
Su estructura, competencias y facultades dependerán del marco jurídico finalmente aprobado.
Inteligencia artificial para hospitales, escuelas y servicios públicos
El documento identifica distintos sectores en los que la inteligencia artificial podría ofrecer aplicaciones prácticas.
En salud, propone desarrollar herramientas de apoyo al diagnóstico, análisis de información clínica y detección anticipada de riesgos epidemiológicos.
En educación, contempla sistemas que contribuyan a personalizar procesos de aprendizaje y detectar factores asociados con la deserción escolar.
Para la agricultura se mencionan aplicaciones de monitoreo de cultivos, análisis de condiciones ambientales y optimización del riego.
En energía y servicios públicos, la inteligencia artificial podría utilizarse para analizar patrones de consumo, anticipar demanda e identificar anomalías en determinadas infraestructuras.
El sector de hidrocarburos también aparece entre las prioridades, con posibles aplicaciones en análisis geológico, supervisión de instalaciones y optimización de procesos industriales.
Estas propuestas representan líneas de trabajo, no sistemas cuya implementación o eficacia haya sido demostrada.
Cada aplicación requerirá datos confiables, evaluaciones técnicas y supervisión humana, especialmente cuando sus resultados puedan afectar la salud, la seguridad o los derechos de las personas.
¿Cuánto costará el Plan Nacional de Inteligencia Artificial?
Esta es una de las principales preguntas pendientes.
Aunque el documento presenta objetivos y metas cuantificables, no identifica un presupuesto global de ejecución ni especifica cuánto costarán sus componentes principales.
Tampoco se detallan las partidas necesarias para construir el centro de cómputo, sostener las becas o financiar los 300 proyectos de investigación.
La estrategia contempla mecanismos de cooperación internacional y la búsqueda de financiamiento, pero todavía no se conocen compromisos económicos verificables suficientes para determinar el alcance de esos recursos.
La ausencia de cifras presupuestarias impide evaluar el costo total del programa y establecer una comparación entre los recursos previstos y las metas anunciadas.
Esto no demuestra que el plan carezca de financiamiento; significa que los montos y sus fuentes no están suficientemente documentados en la información pública revisada.
La CEPAL ya había identificado importantes desafíos
La discusión sobre el futuro de la inteligencia artificial en Venezuela cuenta con un antecedente regional relevante.
El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, elaborado con participación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), identificó limitaciones en infraestructura tecnológica, capacidad de cómputo, datos y talento humano especializado.
El informe también señaló debilidades en gobernanza e institucionalidad.
Este diagnóstico corresponde a una evaluación anterior a la presentación del nuevo plan nacional.
Por tanto, no mide los resultados de la estrategia anunciada en octubre de 2026.
Sin embargo, permite comprender las áreas en las que Venezuela necesita fortalecer sus capacidades para desarrollar un ecosistema tecnológico sostenible.
¿Qué oportunidades podría abrir para empresas y emprendedores?
La incorporación de inteligencia artificial a actividades productivas puede ofrecer oportunidades para pequeñas empresas, profesionales independientes y emprendimientos tecnológicos.
Entre las aplicaciones potenciales figuran la automatización de procesos administrativos, el análisis de información comercial, la atención al cliente y el desarrollo de herramientas digitales.
El acceso a infraestructura compartida podría beneficiar a organizaciones que no disponen de recursos para contratar grandes capacidades de procesamiento.
Asimismo, los programas de capacitación podrían facilitar la formación de desarrolladores, analistas de datos y especialistas en seguridad informática.
Sin embargo, para que estos beneficios lleguen al sector productivo será necesario conocer las condiciones de acceso a los programas, sus requisitos, costos y mecanismos de participación.
Hasta el momento, las metas anunciadas no permiten afirmar que las empresas ya cuentan con acceso operativo al futuro centro de cómputo.
El reto de la privacidad y el uso responsable de los datos
La expansión de la inteligencia artificial plantea desafíos que van más allá de la infraestructura.
Los sistemas utilizados en salud, educación, servicios públicos o seguridad pueden procesar información sensible de los ciudadanos.
Por ello, resulta fundamental establecer reglas claras sobre recopilación de datos, consentimiento, transparencia, seguridad y responsabilidad por decisiones automatizadas.
También deben existir mecanismos para identificar errores, reducir sesgos y permitir que las personas cuestionen decisiones que puedan afectar sus derechos.
El documento gubernamental incluye referencias al uso ético y responsable de estas tecnologías.
No obstante, su aplicación práctica dependerá de normas claras, mecanismos de supervisión y garantías verificables para los usuarios.
¿Qué debe ocurrir entre 2026 y 2031?
El principal desafío será convertir la planificación en resultados medibles.
Entre los indicadores que permitirán evaluar el avance figuran el número de personas efectivamente capacitadas, las becas otorgadas, los proyectos financiados y la infraestructura puesta en funcionamiento.
También será necesario comprobar si el centro de cómputo ofrece servicios reales a universidades y empresas, si la plataforma de datos abiertos entra en operación y si se establece el organismo regulador previsto.
Otro indicador importante será la publicación de informes periódicos que permitan conocer inversiones, cronogramas y resultados.
La transparencia de estos datos facilitaría distinguir entre anuncios, proyectos en desarrollo y objetivos efectivamente alcanzados.
Una estrategia nacional que deberá demostrar resultados
El Plan Nacional de Inteligencia Artificial 2025-2031 establece una agenda para impulsar la formación tecnológica, la investigación y el desarrollo de infraestructura en Venezuela.
Sus metas permiten identificar prioridades concretas y áreas de aplicación en sectores fundamentales de la economía y los servicios públicos.
Sin embargo, la presentación de una hoja de ruta no equivale a su ejecución.
La disponibilidad de financiamiento, la formación de especialistas, la capacidad de cómputo, la protección de datos y la aprobación de normas pendientes serán factores relevantes para evaluar su desarrollo.
El verdadero alcance del plan no se medirá únicamente por las instituciones que propone crear o las personas que aspira a formar, sino por los proyectos que efectivamente entren en funcionamiento y los beneficios que puedan demostrarse.
Para Venezuela, el desafío consiste en transformar una estrategia tecnológica de largo plazo en capacidades reales de investigación, innovación y acceso responsable a la inteligencia artificial.
