Luis Semprún Jurado
El ventilador del techo apenas se movía. Eran las 9:30 de la mañana y el calor ya era un argumento de peso, al igual que el olor a café recién colado. En El Bohemio, el humo del cigarrillo de Anacleto se elevaba recto, cortando la mañana maracaibera con la precisión de un bisturí. La noticia había caído sobre la mesa de madera como un ladrillo envuelto en seda.
«Camaritas» dijo Anacleto, ajustándose los lentes de carey. «Acaba de ocurrir algo que ni el mismo Maquiavelo se atrevió a escribir. La OFAC, esa misma oficina que se la pasa poniéndole candados al bolsillo de los venezolanos, acaba de suavizar las sanciones para que el gobierno de Delcy Rodríguez pueda pagar los abogados de Nicolás Maduro y de Cilia Flores.» hizo una pausa, exhaló el humo tratando de hacer aros y continuó: «¿No es hermoso? Los mismos que lo secuestraron en Miraflores y que se negaban a aceptar que su Estado pagara sus abogados defensores, “ahora lo permiten” para que no los demande por violarle la Sexta Enmienda. No es que el imperio ponga un real. Es que le permite al gobierno de Venezuela usar SUS propios fondos para la defensa.»
El coronel retirado, que siempre tiene un ojo en la taza de su café negro cerrero, levantó la ceja. «¿No es eso una contradicción, Anacleto? ¿Cómo van a tener a un hombre preso, declararlo “narcotraficante”, y al mismo tiempo no permitirle a su gobierno pagar sus abogados?» Miró a Anacleto como intrigado y gruñó: «No es que ellos los paguen: es que nosotros los pagamos con nuestra plata. Ellos solo tienen que dejar que usemos nuestra plata. ¿Eso no es reconocernos como gobierno legítimo?»
«Ahí está el cadáver, coronel» respondió Anacleto, encendiendo un cigarrillo con la parsimonia de un juez que sabe que la sentencia ya está escrita. «El imperio se enredó en su propio trompo. Querían juzgar a Maduro sin tener que reconocer que Venezuela sigue siendo un país con un gobierno legítimo. Pero el juez Alvin Hellerstein, un viejo zorro que ha visto más de estos circos, les recordó una verdad elemental: “O lo tratas como a un criminal de calle, o lo tratas como a un jefe de Estado. Las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo”. Y éste, ya te mostró las uñas al considerarse un “prisionero de guerra”.»
La profesora, que siempre escucha, ahora con un ejemplar de Doña Bárbara bajo el brazo, intervino: «¿Y qué pesó más, Anacleto? ¿La decencia jurídica o el miedo a una demanda millonaria por violación de derechos?»
Anacleto soltó una carcajada seca, de esas que parecen carraspera de camión viejo. «Camarita, en este oficio hemos aprendido que el imperio no actúa por decencia, actúa por conveniencia. La defensa de Maduro argumentó que sin los fondos del Estado venezolano —congelados por las propias sanciones que ellos impusieron— no podían pagar sus abogados. Eso, según la ley gringa, viola la Sexta Enmienda. Traducción: si no nos permiten usar nuestra plata para abogados, y no tienen abogados, les metemos un juicio por violación de derechos humanos y los dejamos con la cara por el suelo.» Apagó el cigarrillo contra el metal del cenicero y soltó: «Por eso el juez Hellerstein les recordó que, tras la captura de Maduro, la pareja ya no representaba «una amenaza para la seguridad nacional», y que Washington seguía haciendo negocios con el país».
El boticario, que seguía la conversación desde la barra, preguntó con sorna: «¿Y los fiscales se dejaron?»
«No era cuestión de dejarse o no, camarita. Pero sí, si se dejaron, aunque tratando de hacer trampa» respondió Anacleto moviendo la cucharilla en el café. «La licencia de la OFAC permite el pago, ojo al dato, ‘siempre y cuando se haga con fondos posteriores al 5 de marzo de 2026’. Esto es, con los reales que ha recaudado el gobierno de Delcy Rodríguez después de la captura. No pueden tocar la plata vieja que tenían congelada. Así el imperio se lava la cara diciendo: “nosotros no le soltamos los reales robados, le soltamos los que ustedes han generado después”. Pero al final, es con reales del Estado venezolano y su gobierno, que se paga. Además, prohibieron usar los Fondos de Depósitos de Gobiernos Extranjeros (Foreign Government Deposit Funds).»
El pichón de periodista, que tomaba notas con una mezcla de morbo y horror, levantó la mano. «Entonces, ¿Estados Unidos está reconociendo indirectamente que Maduro sigue siendo el presidente legítimo?»
Anacleto apagó el cigarrillo en el cenicero y se inclinó hacia la mesa. «Mi querido pichón, esa es la única verdad que quedó flotando en el aire. Si el gobierno de Venezuela —a través de su presidenta encargada, Delcy Rodríguez— puede pagar los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, entonces, por las malas, el imperio ha aceptado tres cosas: primero, que Maduro sigue siendo el Presidente, aunque esté preso; segundo, que Flores sigue siendo la Primera Dama; y tercero, que el gobierno de Venezuela es una entidad legítima con la que se puede negociar, aunque la tengan vetada en sus discursos».
El coronel retirado bebió un sorbo de café y sentenció: «O sea, los tienen como prisioneros de guerra, no como criminales comunes».
«Exacto, camarita» respondió Anacleto. «Si fueran narcos de a pie, el Estado no tendría por qué pagarles los abogados. Eso solo se hace cuando detienes a un jefe de Estado al que quieres juzgar para humillarlo, no para exterminarlo. Y aquí el imperio quiere juzgarlo para humillarlo, pero el derecho internacional le recordó que los reyes, aunque los bajes del trono a la fuerza, siguen teniendo derecho a defensa».
La profesora cerró su libro. «¿Y qué sigue ahora?»
«Ahora, el juicio sigue su curso» dijo Anacleto. «Las partes tienen 60 días para presentar pruebas y mociones. Pero la Fiscalía perdió la batalla principal. Querían que Maduro se defendiera con un abogado de oficio o con los reales que él tuviera “escondidos en cuentas secretas”. Pero el juez Hellerstein les recordó que la ley no entiende de narrativas: entiende de derechos. Y el derecho a la defensa, camaritas, es tan sagrado como el derecho a guardar silencio».
El viejo periodista, que escribía en su libreta, levantó la cabeza. «¿Y si resulta absuelto?»
El sindicalista, con la sabiduría que le ha dado la calle y las luchas de los trabajadores, intervino aquí: «No creo que esa sea la pregunta, camarada. Creo que la pregunta pertinente es: ¿qué hará la fiscalía para tratar de “juzgar” a un Presidente en ejercicio, secuestrado, y detenido ilegalmente?
Anacleto sonrió con amargura.
«Si resulta absuelto, sería lo más natural del mundo, por la falta de competencia de la Corte para juzgarlo, el imperio queda en ridículo planetario. Pero si resulta condenado, la condena será un parche en una herida que ellos mismos se infligieron: la de haberle permitido pagar los abogados al enemigo, con dinero del Estado venezolano, para poder juzgarlo. Como dice el refrán: El que a hierro mata, no puede morir a sombrerazos. El imperio quiso matar a Maduro con un mazo de acero, pero terminó teniendo que usar un sombrero de paja para no violar sus propias leyes».
El pichón de periodista anotó la frase. «¿Y qué opina la calle?»
«La calle, camarita, está dividida» respondió Anacleto. «Unos dicen que esto es una prueba de que el gobierno de Delcy Rodríguez está haciendo bien las cosas, porque logró que el imperio le reconociera la legitimidad para pagar la defensa del Presidente secuestrado. Otros dicen, con terceras intenciones, que esto es una trampa para que Venezuela gaste sus últimos reales en abogados gringos, mientras la gente sigue “muriéndose de hambre”.» levantó su mirada, como escudriñando nuestros pensamientos y siguió. «Pero hay una cosa sobre la que todos coinciden, aunque les cueste aceptarlo: la OFAC, sin querer, le regaló a Maduro la mayor victoria política desde que lo capturaron. Porque ahora, él puede decir desde la celda: “¿Ven? Hasta ellos reconocen que soy el Presidente. No me permitían pagar mis abogados porque saben que les puedo ganar el juicio más rápidamente si no lo hacen”».
El ventilador seguía girando, y la mañana se iba calentando.
Anacleto pidió otro café y, antes de que se lo sirvieran, dejó flotando en el aire la sentencia final: «El imperio creyó que con una orden de captura borraba de un plumazo la legitimidad de un gobierno. Pero la historia, camaritas, como decía Eduardo Galeano, “es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás”. Y lo que la historia le está diciendo al tío Sam es que no se puede secuestrar a un jefe de Estado y luego pretender que su gobierno no existe. Porque cuando el gobierno paga los abogados del preso —aunque sea con la venia del verdugo—, el preso deja de ser un reo común y vuelve a ser lo que siempre fue: un adversario político con todas las de la ley».
Se levantó de su silla y, mientras el humo se deshacía en las aspas del ventilador, añadió:
«Como escribió Julio Cortázar en Rayuela: “Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”. El imperio y Maduro, sin quererlo, se encontraron en un tribunal, y ahora ninguno de los dos puede soltar la mano del otro sin caerse al abismo. La licencia de la OFAC es solo el primer eslabón de una cadena que, quién sabe, terminará en un acuerdo que ninguno de los dos quiere firmar, pero que ambos necesitan. Bienvenidos al mundo al revés, camaritas. Aquí el verdugo no le paga los guantes al ajusticiado, pero le permite comprarlos. Y esa es, quizá, la hipocresía más fina que hemos visto en años».
La Sexta Enmienda, ¿y qué hizo realmente OFAC? – El derecho a la defensa en Estados Unidos es sagrado, incluso para los peores criminales. El argumento principal de la defensa de Maduro y Flores era constitucional: impedir que el Estado venezolano pagara los abogados violaba la Sexta Enmienda (derecho a un abogado de elección propia) y usó esa herramienta con maestría: argumentó que, al estar sus fondos congelados, se le violaba ese derecho. La Fiscalía intentó alegar que Maduro no merecía esa protección por ser el “jefe de un cartel”, pero el juez Hellerstein no compró el cuento. El precedente era demasiado peligroso: si a un jefe de Estado capturado se le niega el derecho de que su Estado cancele el pago a sus abogados, cualquier otro líder capturado en el futuro podría alegar indefensión y tumbar todo el proceso. La OFAC no «pagó» nada. Lo que hizo fue emitir una licencia específica que modifica temporalmente las sanciones para permitir que el gobierno de Venezuela haga uso sus propios fondos —siempre que sean posteriores al 5 de marzo de 2026— para pagar los abogados de Maduro y Flores. La licencia incluye una restricción adicional: los fondos no pueden provenir de Fondos de Depósitos de Gobiernos Extranjeros, para que no se toquen las cuentas congeladas.
La legitimidad de facto del gobierno de Delcy Rodríguez – El pedófilo no reconoce a Nicolás Maduro como Presidente legítimo de Venezuela, y en eso se basaba para no permitir que Venezuela costeara sus abogados. Pero Washington ahora reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez como legítimo: Presidenta encargada, mientras dure la ausencia del Presidente, de acuerdo a nuestra CRBV. Al aceptar este esquema, el Departamento de Justicia reconoció de facto que: 1) El gobierno de Venezuela, el de Delcy Rodríguez, es una entidad con capacidad legal para realizar pagos; 2) Nicolás Maduro sigue siendo el Presidente, porque si no lo fuera, su defensa no podría ser costeada por el Estado; 3) Cilia Flores es la Primera Dama y Diputada a la AN, con los mismos derechos. Paradójicamente, la mayor legitimación del gobierno de Delcy Rodríguez ha venido, no de Caracas, sino de una licencia firmada en Washington. Es una contradicción insalvable: no puedes negociar con alguien para que pague una defensa legal si no aceptas que esa persona tiene la autoridad para hacerlo. La diplomacia gringa se ha visto forzada a aceptar una realidad que trató de negar desde el 3 de enero: Venezuela sigue teniendo un gobierno que maneja fondos y toma decisiones, esté Maduro preso o no.
El juicio como teatro y como trampa – El verdadero ganador de esta licencia no es Maduro ni Delcy, es el principio de legalidad. La Fiscalía quiso hacer de este juicio un espectáculo para humillar al chavismo, pero la legalidad gringa —esa que tanto ponderan— se lo impidió. Ahora, pueden tratar de que el juicio sea largo, costoso y lleno de recovecos legales donde la defensa tendrá tiempo y recursos para desgastar a los fiscales. Como dice el refrán: “El que se acuesta con niños, amanece meado”. El imperio quiso acostarse con la idea de que podía juzgar a Maduro sin mancharse las manos, y amaneció con la obligación de permitir que su gobierno page los abogados al “narco-dictador”, (acusación retirada), para que el juicio no se cayera por violación de derechos. La ironía es tan fina que corta. Al aceptar que el Estado venezolano asuma los costos de la defensa, se les está tratando como a jefes de Estado capturados en un conflicto, no como a criminales comunes; están reconociendo que existe un gobierno legítimo en Caracas que encabeza la Vicepresidente, hoy Presidenta (e), Delcy Rodríguez y que la relación contractual entre ese gobierno y los acusados, Nicolás y Cilia, es válida, con lo que ganan el juicio.
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