Adiós a los a invasores frente al Colegio Gonzaga

La mañana de este Domingo de Ramos fue atípica para los vecinos del conjunto Residencias Visoca debido a un cierre de calle repentino por parte de un despliegue de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que atendieron la denuncia realizada por el equipo de investigación de Crítica 24 sobre la invasión realizada por un grupo de personas a lo que estaba pensado para ser un complejo habitacional tipo villa, ubicado frente al emblemático Colegio Gonzaga, en el sector Los Postes Negros.

Al llegar al lugar los GNB emplazaron a los invasores a salir y dialogar, a lo que ellos respondieron que no saldrían “porque no somos invasores, somos poseedores pacíficos, por el momento”, según expresaron luego en un video que presentaron en la red social Tik Tok.

En el mismo, reconocían que la propiedad pertenece al empresario Danilo Nammour pero también dejaban claro que “No queremos problemas ni con él (Nammour), ni con la justicia”.

A su vez denunciaron al Ingeniero Omar Camacho, lo acusan de “haber recibido 5 millones de bolívares”, sin precisar fecha en la que supuestamente habrían realizado este pago que, de haber sido en este momento, sería el equivalente a mil dólares aproximadamente, para gestionar la compra de los inmuebles invadidos.

Con los niños en primera línea -como escudo ante cualquier acción de los efectivos militares- otra de las ocupantes de la propiedad hizo un llamado a la presidente encargada Delcy Rodríguez “como mujer que lidera nuestro país en organización, con las mujeres del estado zulia que estamos en estos momentos, apoyando o dirigiendo, o tomando posesión de lo que nos corresponde… queremos una vivienda digna para nuestros hijos partiendo del artículo 2 de la Ley de Tierras y el artículo 82 de la Constitución”

¿Qué dicen estos artículos?

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, (Gaceta Oficial Nº 5.991 Extraordinario del 29 de julio de 2010), establece en su artículo 2 lo siguiente:

«Artículo 2”

Con el objeto de establecer las bases del desarrollo rural sustentable, a los efectos de la presente Ley, queda afectado el uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación de uso agrícola. Dicha afectación queda sujeta al siguiente régimen: … Parágrafo 5. Tierras privadas: Quedan sujetas al cumplimiento de la función social de la seguridad agroalimentaria de la Nación. En tal sentido, deben someter su actividad a las necesidades de producción de rubros alimentarios de acuerdo con los planes de seguridad agroalimentaria establecidos por el Ejecutivo Nacional.»

En un desarrollo habitacional como el que están ocupando no hay espacio para desarrollar siembras y cultivos que vayan destinados a la seguridad alimentaria.

En tanto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:

 Artículo 82

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.

Aunque el Estado ha hecho importantes esfuerzos para garantizar a través de la Misión Vivienda el acceso a una vivienda digna a toda la población, no se han podido lograr las metas, pero “arroparse” bajo este artículo sería violar la misma Constitución que garantiza el derecho a la propiedad contemplado en el artículo 115.

De los ocupantes el único que se identificó fue Eldy Romero, quien lo hizo como “director del movimiento revolucionario Tupac Amaru (conocidos como Los Tupamaros), que justificó la acción como “una defensa a los derechos del pueblo, que es lo que estamos haciendo aquí… y tratando de adquirir una vivienda como pueblo también que somos. Tenemos 26 años defendiendo esta revolución y nos hemos ganado esta vivienda”.

Romero argumentó que su accionar estaba protegido “por el artículo 2 la Ley de Emergencia de Tierras”, veamos qué expresa la misma:

Ley para la Emergencia de Terrenos Urbanos y Vivienda (2010)

Artículo 2.- Se declaran los terrenos urbanos ociosos o subutilizados y los factores y medios para la construcción de la vivienda familiar de interés social, como de utilidad pública e importancia estratégica para el buen vivir de la población, en las zonas que se decreten como de emergencia para la tierra urbana y la vivienda.

Quienes invocan este artículo se olvidan que el espíritu de su creación señala que:

La determinación de «zonas de emergencia» también se atribuye al gobierno centralizado y se generaliza la declaratoria de afectación de tierras urbanas para tal fin, así como la ocupación previa y /o temporal de inmuebles, no relacionada con las figuras de regulación de esta medida previstas en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social (2002) vigente.

El resultado

La Guardia Nacional Bolivariana hizo valer el derecho a la propiedad y desalojó a quienes, bajo una bandera política, pretenden violar la Constitución.

Desde Crítica 24 aplaudimos la actuación rápida y oportuna y felicitamos al gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, por demostrar que hay voluntad política para mantener la paz y el orden en el territorio zuliano y de esta manera enviar un contundente mensaje a quienes ven a esta tierra como una oportunidad ideal para invertir.

Y responsablemente exhortamos a las autoridades a que adjudiquen a estas familias necesitadas de vivienda, una solución habitacional en la Ciudad Socialista Fabricio Ojeda y honren así el deber de brindar un espacio digno a la familia venezolana.

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El Pepazo/Fuente: Crítica24