Manuel Paredes
Las recientes detenciones de funcionarios de alto nivel del régimen y la destitución via renuncia de Tarek El Aissami sacaron a la luz pública algo que desde hace tiempo habíamos denunciado, como lo era que si habían recursos para aumentar los salarios y pensiones, Ya el propio Maduro lo había anunciado, que tenía “una caleta” para gastar en las elecciones, solo que no contaba que sus “colaboradores” se la habían sustraído.
Pero fuera de guasa, el asunto es que la no transparencia de las cuentas nacionales bajo el cuento del bloqueo han venido produciendo negocios vía triangulación que esconden, amparados en la ley antibloqueo, una profunda corrupción de apropiación de recursos del Estado en beneficios de la cúpula que la dirige.
El otro asunto, es el análisis sesudo de ciertos economistas, que consideraban imposible luchar por aumento de salarios amparados en el articulo 91 porque el Estado no contaba con ingresos para afrontar dichos gastos, vale decir que el común de la gente compara los recientes aumentos que se dieron en el Salvador a 400 $ el salario mínimo, en una economía agrícola con respecto a Venezuela que sigue teniendo una economía petrolera, con una producción cercana a los 750 mil barriles diarios, pero además cuenta con grandes cantidades de producción de oro y otros minerales, solo que los mismos no se contabilizan en las cuentas nacionales.
A esto hay que sumarle que la población ha disminuido, dado que hoy día existe una diáspora de 7 millones de venezolanos, además de una reducción del aparato del Estado por la renuncia masiva de sus funcionarios por los salarios de hambre que pagan. De manera que lejos de aumentar los recursos para satisfacer a la población cada vez menor, existe una profunda brecha en la distribución de la riqueza, evidenciada en la última encuesta Encovi que habla de una profundización de desigualdad entre los que ganan más y los que obtienen menos.
Hay quienes señalan que esta corrupción develada por el propio gobierno, es una pugna entre los sectores que se disputan el botín y constituye un trapo rojo para esconder las protestas que se vienen produciendo en el país. Sin embargo, es público y notorio que existen recursos para atender las necesidades que demanda la población como el aumento de salarios y pensiones, además de poder cubrir las mejoras en las escuelas, universidades, hospitales, servicios de luz y agua, solo que no lo hacen bajo la excusa del bloqueo y así se somete a la población al más cruel abandono y miseria.
El otro aspecto puesto en escena en el entramado de la corrupción denunciada es la vinculación de varios funcionarios con mafias y bandas delictivas como lo es el caso del alcalde de Las Tejerías en el Estado Aragua con Alias “El Conejo”, al cual por cierto dieron de baja los cuerpos policiales luego de la detención del alcalde. Lo cual pone en evidencia la falta de moral de estos funcionarios.
Recordemos también la detención de la ex alcaldesa de Jesús María Semprun en el trafico de drogas así como de otros diputados detenidos en esa oportunidad, sin contar las relaciones existentes con la guerrilla colombiana, cuyas denuncias pusieron tras las rejas a Javier Tarazona director de una ONG que planteo esa situación.
El otro caso emblemático de la profunda corrupción es la detención del juez anti terrorismo José Macsimino Márquez García, detenido por liberar o ser parte de la trama de otorgar libertad a un pram del Tren de Aragua. Este juez fue el que dio la orden de detención contra inocentes como los 6 luchadores sociales Reinaldo Cortès,
Alonso Melendez, Nestor Astudillo, Alcides Bracho, Gabriel Blanco y Emilio Negrin, además de Roland Carreño y otros más.La actuación de este juez deslegitima todas sus actuaciones y las hace nulas por su postura antiética y moral, por lo cual esos juicios deben ser anulados y puestos en libertad los acusados.
No se puede tampoco obviar la relación existente entre algunos funcionarios y los casos de prostitución evidenciados en las redes, que se presentan sin pudor para demostrar que están en el poder y como ostentan su riqueza mal habida, tal es el caso del diputado oficialista y ex Ministro de Educación Superior Hugbel Roa, preso también por corrupción.
Es evidente, que ante esta situación la respuesta y la solución es política, básicamente cambiar el régimen mediante la unidad de todos los sectores de la población que deseen una transformación de la realidad, enarbolando un programa que beneficie a las amplias mayorías.
En primer lugar se debe luchar en estos momentos por un salario constitucional que garantice el acceso a la canasta alimentaria con base al artículo 91.Respeto por las contrataciones y convenios colectivos y derechos progresivos expresados en el artículo 89 de la Constitución. Respeto por la libertad sindical.
A nivel general luchar por un programa de Reconstrucción nacional tomando como base la industrialización del país, aumento general de salarios para aumentar la capacidad de demanda de la población en correspondencia con una mayor oferta. Priorizar la producción interna, disminuyendo las importaciones, dejando solo las más esenciales Una nueva ética que ataque la corrupción y promueva valores ciudadanos en el cumplimiento de sus deberes. De manera que es la unidad con un programa de transformación como podemos derrotar esta corrupción y miseria a que nos tiene sometido el régimen.
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