Esta frase imponente y esperanzadora proveniente del logo de La Universidad del Zulia (LUZ) «Post nubila phoebus»; (latín) permite analizar la situación actual de esta universidad en su 131 aniversario. El emblema que, pese a la adversidad, siempre es posible lograr el cambio. Se asume, en el contexto de su apertura el 11 de Septiembre de 1891, teniendo como base el Colegio Federal de Varones, que funcionaba en la sede del Convento de Maracaibo.
Esta universidad ha sufrido los rigores de distintos regímenes que han pretendido acabar con ella. Fue cerrada por Cipriano Castro en 1904, al igual que la Universidad de Carabobo. Medida que fue justificada por el Ministro de Instrucción Pública, el escritor Eduardo Blanco, señalando que en Venezuela había un exceso de graduados en medicina, derecho e ingeniería que “… pueden conducirnos a un proletariado intelectual y a la degeneración del carácter nacional” (Hurtado León, 1988).
Posteriormente el 15 de junio de 1946, se dicta un decreto que establece la reapertura de la Universidad del Zulia y se inicia de nuevo su funcionamiento el primero de octubre de 1946 teniendo al frente a Jesus Enrique Lossada, en la sede de la casa del Obrero. Luego de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, se concretaron las luchas por una universidad autónoma y democrática. Es así como un conjunto de intelectuales encabezado por el Doctor Francisco De Venanzi, preparó el proyecto de Ley de Universidades, aprobado y promulgado como decreto ley por el presidente provisional Dr. Edgar Sanabria. Esta ley estableció la dependencia financiera del Estado, no estableciendo en dicha ley ningún mecanismo que permitiera asegurar la sostenibilidad financiera para su funcionamiento, que complemente a los recursos provenientes del Estado.
Posteriormente, la Constitución de 1961, incorpora en sus articulados la educación gratuita y la autonomía de las universidades en una forma amplia y suficiente, reflejo fiel de la correlación de fuerzas de la época en la que predominaban las fuerzas progresistas y democráticas, base del derrocamiento de la dictadura perezjimenista. Luego, en 1967, el gobierno de Leoni promulga el Reglamento de la Ley de
Universidades (Presidencia de la República, 1967), como respuesta a la movilización de los sectores universitarios, en especial la militancia del PCV y del MIR en contra de las medidas que tomaron los gobiernos de la época para contener el papel de los estudiantes en el enfrentamiento contra las medidas represivas que ejercieron sobre la población que se sublevaba. Así, en forma ilegal introduce una serie de modificaciones que tuvieron como consecuencia impedir el desarrollo académico de las universidades y
coartar la autonomía universitaria, para facilitar el control del Ejecutivo Nacional.
Se reduce el ámbito del recinto universitario al espacio preciso donde se realizan las actividades académicas y administrativas de las instituciones, dejando como espacios públicos no sujetos al régimen autonómico las calles, avenidas, pasillos, caminerías, plazas y jardines, de las ciudades o instalaciones universitarias (Presidencia de la República, 1967).
Pero es el gobierno de Caldera en 1970 cuando se produce la reforma de la Ley de Universidades, se le quitan espacios a la Universidad, al limitarlo al que se configura por el que brinda el desarrollo académico institucional. El aspecto más resaltante de esta Reforma Parcial a la Ley de Universidades está en el carácter restrictivo de la autonomía universitaria y el espíritu claramente intervencionista del Ejecutivo Nacional en contra de las universidades. Este planteamiento sustentado en las siguientes razones:
En primer lugar, elimina el pleno y amplio régimen de autonomía que había sido otorgado a las universidades en la Ley de 1958, convirtiéndolas en instituciones subordinadas y dependientes del Consejo Nacional de Universidades. Organismo encargado de asegurar el cumplimiento de la nueva ley reformada. Para ello se aseguró que este cuerpo tuviera la mayoría conformada e integrada (artículo 19) por funcionarios y representantes del Gobierno Nacional, a objeto de poder, mayoritariamente, tomar las decisiones de acuerdo a las políticas previamente elaboradas por el mismo o a determinados intereses gubernamentales.
En segundo lugar, la conversión del Consejo Nacional de Universidades en el máximo organismo de dirección y organización de las universidades. Para llevar a cabo este objetivo se reorganizó su estructura y propósito, dotándolo de los instrumentos, atribuciones, funciones y recursos legales adecuados, tanto para el funcionamiento y desarrollo de la Educación Superior y las universidades, como para intervenirlas y reorganizarlas en situaciones en las que, a juicio del Gobierno, fuera necesario hacerlo.
Esto, tanto en momentos de crisis, como en el caso de graves enfrentamientos y conflictos que se dieran en el interior de las universidades, o bien, porque fuesen impulsadas para enfrentar al Ejecutivo Nacional.
De esta forma, el Consejo Nacional de Universidades, es el autorizado para tomar las siguientes decisiones: conocer y decidir como última instancia administrativa sobre las infracciones cometidas por un Consejo Universitario, el rector, los vice-rectores, el secretario, decanos, o algún miembro del Consejo Universitario. En consecuencia, proceder a la respectiva suspensión del cargo; declarar en proceso de reorganización a la Universidad que sea afectada por la remoción de sus autoridades y proceder a designar a las autoridades interinas de la institución; proceder a convocar a las correspondientes
elecciones con arreglo a las disposiciones de la nueva Ley de Universidades.
Asimismo, fijar los requisitos generales para la creación, eliminación, modificación y funcionamiento de Facultades, Escuelas, Institutos y demás divisiones equivalentes en las Universidades; proponer al Ejecutivo Nacional el monto anual del presupuesto para las Universidades y aprobar el respectivo presupuesto de cada una de ellas. Durante este periodo, fueron numerosas las luchas de los universitarios por la asignación de un presupuesto justo para las universidades autónomas. En el caso de la Universidad del Zulia, ante esta limitación, nunca se pudo culminar su Aula Magna, cuyos cimientos iniciales lucen abandonados como reliquias de la desidia. Además, nunca se pudieron construir los espacios rentales que proyectaba LUZ en su campus. Sin embargo, esas luchas universitarias permitieron el logro de ciertas reivindicaciones estudiantiles como las referidas a las providencias, becas, comedor, residencias, transporte, bibliotecas, entre otras. El poder contar la universidad con varios núcleos en Maracaibo, Costa Oriental y Punto Fijo.
Hoy día, la realidad que mantiene el régimen ante las universidades es de destrucción total, a pesar de que el artículo 11 de la Ley de Universidades establece que: “En las Universidades Nacionales los estudios ordinarios son gratuitos (…)”. Al igual que el artículo 102 de la Constitución que afirma: “La educación es un derecho público y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos los niveles y modalidades y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”. Lo que constituye no solo letra muerta, sino una falacia, en el contexto de la realidad venezolana de destrucción de un 80% del aparato productivo, del salario, de la diáspora venezolana, entre otros alcances producto de la política chavista.
Hoy LUZ (La Universidad del Zulia) tiene una grave crisis presupuestaria. Se expresa en que sus instalaciones se hayan destruidas. Es que son victimas del vandalismo que la desmantela. Imposible realizar su rescate y mantenimiento, dado que LUZ recibió, para el año 2022, un exiguo presupuesto. Las nominas de pago del personal están siendo manejadas por la ONAPRE con sueldos y salarios miserables, que no alcanzan absolutamente para sobrevivir. De allí que se produzca una gran deserción de
estudiantes, profesores, empleados y obreros, que profundizan la catástrofe. En buena medida, todo de esto es producto de una retaliación del chavismo que, al siempre ha sentido el rechazo de las universidades autónomas. Además, al chavismo poco le importan las universidades, por lo que han afianzado las instituciones que ellos buscan manejar, tratando de evitar criterio crítico alguno, ni formación científica e investigación autónoma.
Ante este cuadro, hoy se debe conformar la más amplia alianza de todos los sectores universitarios de LUZ por su rescate, en el contexto de la lucha por sus reivindicaciones, con espacios reales para la participación y la toma de decisiones. Se deben convocar asambleas universitarias. En cada facultad y escuela, se deben crear comités para la lucha. La intergremiación debe ser la base para el combate de las universidades contra la dictadura, toda vez que ella es la causante de esta catástrofe que vive la Universidad.
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