La vicemandataria y expresidenta de Argentina había denunciado el lawfare y advirtió que el veredicto estaba escrito antes de iniciar el proceso
El tribunal la declaró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al direccionar contratos de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.
Vale destacar que nación el Tribunal Oral Federal N° 2 está integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes leyeron la sentencia tras el juicio que vincula a Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción durante sus dos mandatos entre 2007 y 2015.
Previo a la lectura de la sentencia, el senador Oscar Parrilli dijo a la emisora FM 97Une que no se trataba de un fallo judicial, sino de «un mamarracho jurídico». y señaló que se trata de «una causa inventada por Ercolini, juez que, de acuerdo a los audios que se han dado a conocer, es especialista en esconder y fabricar pruebas».
La vicepresidenta y el resto de los acusados no se presentaron a la audiencia y anunciaron que seguirían la decisión judicial por videoconferencia.
Vale recordar que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes acusan a la vicemandataria pidieron para ella doce años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos y se pudo conocer que anunciaron que apelarían la sentencia para que la sentencia sea esa, de doce años, y no de los seis anunciados.
Parrilli enfatizó que «el fallo, sea lo que fuere, ha perdido legitimidad por toda la labor que ha ido haciendo Cristina (Fernández de Kirchner), con los mensajes y explicaciones. Van a tener un fallo, pero ni ellos se creen y en algún momento se va a revertir porque la historia les va a pasar por arriba», reseñó el medio Cronista.
La condena estaba escrita
Este lunes, la vicemandataria denunció la violación de todas las garantías constitucionales durante el juicio y reiteró que la sentencia está escrita desde el inicio.
En entrevista concedida al diario brasileño Folha de São Paulo, la también titular del Senado aseveró que las pruebas testimoniales, documentales y periciales demostraron que todo lo dicho por la Fiscalía durante tres años de audiencias es una absoluta mentira.
Y este martes, minutos después de conocerse el fallo, la vicepresidenta habló en redes y anunció que apelará la sentencia.
LA vicepresidenta recordó que «tal cual lo dijimos el 2 de diciembre de 2019 (ella y su equipo legal); hace exactamente tres años… la condena estaba escrita».
«No es que en aquella oportunidad fuéramos clarividentes ni adivino, era algo mucho más sencillo; si una causa en la cual un juez… el inefable Julián Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras realizadas en la provincia de Santa Cruz y la enviara a la provincia de Santa Cruz, y luego ocho, o nueve años después… cuando llega el Gobierno de Mauricio Macri (expresidente de Argentina y sucesor de Fernández de Kirchner) la resucita como por arte magia… está claro que la idea era condenarme», dijo.
La vicemandataria describió el periplo judicial en el que Ercolini, tras declarar que no es competencia de un juzgado federal investigar las causas de los supuestos casos de corrupción en Santa Cruza, envió el caso a instancias regionales en la misma provincia donde señalan la comisión esos delitos de malversación, es decir, en Santa Cruz; donde fueron desestimados y sobreseídos, para después fueron «resucitados», como lo catalogó Fernández de Kirchner, durante el período presidencial del ultraderechista Mauricio Macri, y el mismo juez Ercolini cambió su declaración y «como por arte de magia» y ahora sí se declaró competente para conocer la causa que este martes terminó en la sentencia a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para la vicepresidenta.
La vicepresidenta señaló también en su alocución la trama de corrupción que se evidencia en los chats filtrados de un grupo de telegram entre varios jueces, funcionarios y exfuncionarios del Estado argentino y del gobierno provincial de Buenos Aires (dominado por el macrismo) en torno a un viaje realizado el pasado 13 de octubre a la Patagonia, financiado por el grupo mediático El Clarín (abiertamente macrista y en contra de la expresidenta), que evidenciaría la confabulación para el lawfare, así como el intento de encubrimiento de esa cita al sur del país austral, en la cual estarían involucrados los jueces federales , Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini (clave en la trama de persecución judicial) y Pablo Cayssials, además del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista, así como Leo Bergroth y Tomás Reinke, estos dos últimos; exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina. El grupo lo habrían encabezado Jorge Rendo y Pablo Casey, ambos directivos de El Clarín.
El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció el lunes que había instruido al Ministerio de Justicia de ese país iniciar una investigación contra los involucrados en ese viaje a la Patagonia, y declaró, durante un breve mensaje en cadena nacional, que «Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros», y repudió como «factores de poder… influyen negativamente sobre las estructuras del Estado».
Luego, señaló cómo había «expuesto ante nosotros (los argentinos), con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, procurando favores que buscan ventajas indebidas o simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan» y que esos funcionarios hasta ahora se sienten impunes, y ya «es hora de que empiecen a rendir cuentas por sus conductas».
El Pepazo/Últimas Noticias
